José del Carmen Gelvez Albarracín, exjefe político del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, quien lleva más de 10 años colaborando con la justicia colombiana y entregando testimonios que salpicaron a reconocidos políticos y empresarios del país, será extraditado a EE.UU.

Desde 2005, el gobierno de ese país lo requería por delitos relacionados con el tráfico de cocaína. Sin embargo, en agosto de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos frenó su extradición hasta hoy, cuando mediante una resolución de 17 páginas, el ministro de Justicia Wilson Ruiz autorizó su extradición.

Los testimonios de Canoso se han incluido en investigaciones como la de la supuesta financiación de la Drummond al frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, contra el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, donde ha dudado de la veracidad de sus acusaciones contra el mandatario regional en una serie de homicidios mientras fue rector de la universidad departamental.

Lo mismo pasó cuando rindió testimonio en el caso de la exrectora de la Universidad Autónoma, Silvia Gette, por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. Inicialmente dijo que querían sobornarlo para que ayudara a Gette y luego se retractó.

El excomandante político del bloque Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Hernán Giraldo, se desmovilizó en febrero de 2006, no había sido enviado a ese país debido a que su estancia en Colombia se condicionaría a su colaboración con la justicia y a que la verdad y la reparación de las víctimas sea efectiva.

Desde 2005, una corte del Distrito Sur de la Florida por cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas con destino a ese país. Desde septiembre de 2012 hasta noviembre de 2019, el Ministerio de Justicia prorrogó en siete oportunidades la extradición del Canoso argumentando que varios fiscales señalaron que el hombre de confianza del Patrón de la Sierra (extraditado en 2008) estaba colaborando en la entrega de información.

Sin embargo, en octubre pasado, esa misma cartera ministerial decidió no renovar esa suspensión, a pesar de que como el propio ministerio comprobó, este todavía tiene procesos pendientes en Colombia.

En la resolución firmada por el ministro Ruiz señala que no se está violando el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho ya que el exparamilitar, dentro de los cargos por los que se le acusan en EE.UU, no ha sido procesado en Colombia: el envío de más de 20 kilogramos droga a Miami.

Ruiz agregó que su extradición “no impide que continúe colaborando con Justicia y Paz. Las entidades que adelantan las investigaciones judiciales tienen a su alcance los mecanismos de cooperación judicial internacional (...) Estados Unidos ha mantenido una colaboración permanentne (...) para que los detenidos en dicho país puedan intervenir en las diligencias que adelanta la justicia colombiana”.

El documento en el que se basa El Espectador, está fechado el 20 de noviembre pasado e indica que Gelves alertó al Inpec que sufre de diabetes y que requiere una atención médica especial para controlar esa enfermedad.

Además, el 18 de agosto de 2020, alertó a la Fiscalía que se había contagiado de Covid-19. “La presente decisión será remitida al Inpec a fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano (preso en La Picota)” y que se le informe a la Fiscalía para que en el trámite de entrega del Canoso a las autoridades gringas no se ponga en riesgo su vida.